Redención en las aulas

La medida que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere adoptar para proteger a los profesores con la “Ley de Autoridad del Profesor” ha levantado una gran polvareda. Calina que le ha venido de buten para pasar por los problemas que tiene la Comunidad sin ser vista.

La medida de “blindar”, de alguna manera, al profesorado, aunque no sea novedosa (ya la tenía, con rango menor, La Rioja y la Comunidad Valenciana), está bien.
Lo que no parece tan bien es que sólo sea a parte del profesorado al que se aplique, pues excluye a docentes de primaria y secundaria de centros privados y concertados. “Esos centros pueden contratar a quienes quieran y eso no ocurre con los públicos”, dice Aguirre. ¿Se estará refiriendo la presidenta a que contraten porteros de discoteca?

Todo esto se ha provocado, o por lo menos se ha planteado, tras los incidentes de Pozuelo, por lo que la medida invita a pensar que si allí los jóvenes atacaron a policías (que van armados de porras, botes de humo y escopetas que tiran bolas de goma), ¿qué les va a impedir hacer lo mismo con los profesores sólo porque tengan el mismo rango que aquellos? Además, aquí todos serían menores de edad, por lo que ¡todos a la calle!

La medida va a costar dinero y a marcar diferencias que levantarán ampollas. Por lo que, si se hace, tendría que entrar como ley en Educación, para toda España.

Algo mejor que eso sería dotar a las aulas de cámaras de vídeo (el “pequeño hermano”: el chivato) que dieran veracidad indiscutible a las versiones de los profesores frente a la de los alumnos; y que el director, junta de profesores, junta de padres, etcétera, obraran en consecuencia sin cortapisas de ningún tipo.
Pero lo mucho mejor es que los niños lleguen a los colegios educados de casa para que los profesores sólo tengan que instruirles. Crear más leyes y más prohibiciones para que no se cumplan y para que los infractores salgan indemnes no sirve de nada y, además, desconsuela mucho.